La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e
Inteligencia Financiera dejó sin efecto el Decreto Supremo, emitido por el
Poder Ejecutivo, que prohibía a las empresas contratar por tercerización las
actividades vinculadas al “núcleo del negocio”, lo que afectaría el empleo de
miles de personas que son contratadas bajo esta modalidad de
servicio. La congresista Norma Yarrow, autora de la
iniciativa que derogó el referido decreto, señaló que “el empleo que demandan
las micro y pequeñas empresas se iban a ver afectado, ya que muchas de ellas
tienen ventas inestables y todos los años deben atender picos extraordinarios
de ventas”.
